Los datos facilitados a Bruselas para evaluar Presvet fueron de 2024, sin registros sobre veterinarios de mascotas
El Ministerio de Agricultura, MAPA, dio a conocer en junio una auditoria de la Comisión Europea que avala el sistema español de control veterinario de antibióticos, el polémico Presvet. Bruselas señala que los datos ofrecidos por el MAPA son de 2024, cuando Presvet aún no era obligatorio para los veterinarios clínicos, que están en pie de guerra desde enero. En marzo realizó una auditoría del polémico sistema de control de antibióticos, cuando el MAPA aún no había hecho inspecciones en 2025 para comprobar el cumplimiento del programa
Por E. IGLESIAS
La auditoría de Bruselas concluye, entre otras cosas, que los controles de la prescripción y el uso de antimicrobianos realizados por España están bien diseñados y se llevan a cabo correctamente.
Esta auditoria fue difundida inmediatamente por el MAPA como un espaldarazo a su programa de control del uso de antibióticos en el sector veterinario: “La Comisión Europea ha avalado el sistema español de control de uso prudente de antibióticos en veterinaria por ser útil y eficaz para hacer frente a las resistencias antimicrobianas y ha constatado que los controles que realizan las autoridades competentes sobre la prescripción y el uso de antimicrobianos están bien diseñados y se llevan a cabo correctamente”, comenzaba el comunicado de prensa emitido por el MAPA el día 10 de junio.
En la auditoría realizada por la dirección general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea y que se remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 9 de junio, las autoridades europeas matizan que han sido las autoridades locales responsables de los controles las que han facilitado la información a los auditores.
Según indica la CE en su informe, “Este año aún no han comenzado las inspecciones para comprobar el cumplimiento del programa nacional de medicamentos veterinarios, y las cifras presentadas por el MAPA corresponden a 2024”. Estas cifras hablan de que “En el caso de los veterinarios, el objetivo era inspeccionar al 5 % de los que habían expedido prescripciones para animales destinados a la producción de alimentos”.
El Real Decreto 191/2018 (aplicable desde el 2 de enero de 2019), marca que los veterinarios que ejerzan en el sector de la cría de animales destinados a la producción de alimentos deben subir sus prescripciones de antimicrobianos a la base de datos electrónica PRESVET. Desde el 2 de enero de 2025, este requisito se aplica también a los veterinarios que trabajan con animales de compañía.
Explotaciones
Es decir, si la auditoría se hizo con datos de 2024 lo que Bruselas en realidad avala es el sistema Presvet puesto en marcha solo en los veterinarios que trabajan en explotaciones, no contando aún con datos sobre la efectividad de este programa en el sector de clínicas de animales de compañía, que es el sector que está en guerra desde enero por considerar que “La situación ya no es solo crítica para los centros o clínicas veterinarias, que ven mermado su trabajo por trabas burocráticas, también muchos animales de compañía que urgen de tratamientos están en peligro por no encontrar sus medicinas vitales”.
Por este motivo, los veterinarios clínicos han decidido presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir modificar el Real Decreto 666/2023 sobre los medicamentos veterinarios.
La decisión de comenzar con esta iniciativa, para la que necesitan alcanzar 500.000 firmas, la aprobó la asamblea general de presidentes de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) celebrada en Madrid.
Por su parte, el Colegio de Veterinarios de Madrid, Colvema, ha editado un tríptico que está repartiendo entre la ciudadanía para que comprenda los motivos de su protesta, que ya dura cinco meses. En él explican que el sistema Presvet “impone una burocracia que no existe en ningún país de Europa; criminaliza a los veterinarios y limita su criterio profesional; además de que impide tratamientos personalizados, retraso de atención adecuada y genera medicamentos sobrantes que alimentan el mercado negro”.
Como consecuencia de la puesta en marcha de este sistema señalan “sufrimiento innecesario de animales por no poder acceder rápidamente a sus tratamientos; inseguridad jurídica que empuja a muchos veterinarios a dejar su profesión o riesgo creciente de resistencias antimicrobianas”, esto último es lo que el Gobierno dice querer evitar con el nuevo sistema impuesto.
Por todo ello, lo que piden es la derogación del decreto 666/2023 y del sistema Presvet; la aplicación de una normativa justa, científica y equiparable al resto de Europa, que los veterinarios clínicos puedan suministrar medicamentos en la cantidad exacta necesaria a los animales bajo su cuidado y poder ejercer la profesión con libertad, ética y responsabilidad científica.
Conocimiento superficial
Otro punto que remarca la auditoria realizada por Bruselas que no menciona el MAPA en su comunicado es que “La mayoría de los inspectores entrevistados tenían un conocimiento superficial de las directrices sobre metafilaxis publicadas por el MAPA y no las utilizaban de forma rutinaria para evaluar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento sobre medicamentos veterinarios y de la legislación nacional pertinente sobre este asunto, a pesar de estar disponibles en línea desde mayo de 2024”.
Bruselas añade en el informe entregado en junio que en 2024 se llevaron a cabo 277 inspecciones a veterinarios, con una distribución muy desigual por CC AA, “algunas realizaron muchas más inspecciones de las previstas inicialmente, mientras que otras hicieron menos inspecciones o ninguna”.
(Páginas 38 y 39)
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