Los guías caninos no deben inmiscuirse en la política
Cada vez más ayuntamientos de los 8.132 municipios que hay en nuestro país, repartidos por las cincuenta provincias y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cuentan con unidad canina en su Policía Local. La creación de este servicio, que suele dar unos resultados extraordinarios y es complemento indiscutible de los agentes municipales, necesita siempre de la autorización y aprobación por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Y aquí vienen los problemas. Los alcaldes o concejales las usan, no pocas veces, como escaparate de su gestión política, y los perros acaban teniendo color político.
Este es el flagrante caso del Ayuntamiento de Granada, donde su unidad canina se ha desmantelado hasta en cuatro ocasiones en función solamente del color político que ocupase el sillón de mando, sin que a ningún político le diese vergüenza zarandear a los perros.
La encarnizada guerra entre PP y POSE, con sindicatos, bajas y mociones de censura por medio, se ha cebado con los perros policía.
Esta situación no es solo responsabilidad de los dirigentes municipales, buena parte de culpa es de los propios policías que entremezclan su color político con su trabajo canino y no dudan en usar a sus perros de trabajo, mejor o peor formados, como escaparate de sus políticos afines de turno.
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Los políticos desmantelan por cuarta vez la misma unidad canina: los perros se van a casa