El anuncio de la redacción de una nueva ley de protección animal a nivel nacional ha creado altas expectativas en la ciudadanía que se tornan lejanas. Se escucha a los sectores implicados, pero el aumento de penas para que los maltratadores entren en prisión, el registro animal único nacional, la derogación de la ley ppp o la esterilización obligatoria, tienen propuestas tan enfrentadas que será difícil legislar a gusto de todos.

Por Emer IGLESIAS

El anuncio de la redacción de una nueva ley de protección animal a nivel nacional ha creado altas expectativas en la ciudadanía que difícilmente se verán cumplidas. Diferentes sectores implicados, como sociedades caninas, protectoras, clubs de raza, cazadores, asociaciones en defensa de los animales, colegios profesionales, organizaciones veterinarias, profesionales caninos… y un largo etc. están manteniendo reuniones con el director general de los derechos de los animales, Sergio García, de cara a que se tengan en cuenta sus propuestas en la elaboración de la nueva ley. Propuestas algunas no ya inalcanzables, sino fuertemente enfrentadas unas a otras, que difícilmente verán la luz.
De estas reuniones tenemos constancia por publicaciones tanto de la Dirección General de los Animales en sus redes sociales, como por comunicados de los organismos o particulares que han acudido a hablar con García o por su repercusión en los medios de comunicación. Hasta el momento, todos salen satisfechos del encuentro y con la sensación de que sus opiniones o sugerencias van a ser escuchadas y tenidas en cuenta, pero ¿esto es posible?

Reforma Código Penal

La lucha contra el abandono y maltrato animal parece ser una de las máximas que envuelva la nueva legislación marco de protección animal. Aquí todos, o prácticamente todos, coinciden en que es totalmente imprescindible que se articulen fórmulas para que el maltrato animal no salga gratuito como hasta ahora, donde unas penas máximas ridículas no consiguen imponerse a delitos aberrantes contra las mascotas.
Como solución todos proponen que se aumenten las penas por maltrato a los animales. Y aquí la primera expectativa que tardará en llegar, porque para aumentar las penas hay que modificar el Código Penal, algo que desde luego no es competencia, ni de lejos, de la Dirección General de los Derechos de los Animales, por lo que no puede tener ningún reflejo en la tan esperada nueva ley de protección animal, de la que no existe ni borrador.
Aunque la reforma del Código Penal y del Código Civil son “los ejes fundamentales” de la estrategia del organismo de Sergio García, su tramitación corresponde al Ministerio de Justicia.
Esta reforma tiene varios caminos en nuestra legislación y siempre es complicada, o por lo menos dilatada en el tiempo. Por una parte, se puede hacer a través de un proyecto de ley orgánica. Según nuestra legislación la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.  Esta ley orgánica la debe redactar el Gobierno y debería remitir el texto previamente al Consejo General del Poder Judicial, y al Consejo de Estado. Su opinión es preceptiva, pero no vinculante.

Mayores penas

Otra opción, para agilizar la reforma es impulsar ese nuevo articulado a través de una proposición de ley. El trámite parlamentario sería el mismo, pero se eludiría el informe del órgano de gobierno de los jueces y el del órgano consultivo y no se alargarían tanto los trámites.
Aunque el aumento de las penas por maltrato animal es algo en lo que casi todos están de acuerdo, una reforma del Código Penal nunca es sencillo y necesita mucho consenso, diálogo y negociación.
Otro de los inconvenientes para lograr esta reforma, es que al ser un proceso largo y complicado, el Gobierno podría aprovechar para incluir la modificación de otros artículos que estén en el tintero y que pueden venir motivados por una razón más política. Como el texto de una reforma del Código se vota de manera conjunta, esto podría llevar a no alcanzar la mayoría suficiente para salir adelante.
En principio, la Dirección de los Animales propone que esa reforma contemple que “la muerte de un animal con agravante suponga una pena de cárcel de, al menos, dos años y un día”, para asegurar que el acusado entre en prisión, y “con un máximo de tres años de cárcel”, además de incluir una modificación del registro y tenencia de animales, “para poder eliminar la posesión del animal del acusado antes de que acabe el proceso judicial”, según señaló García Torres en una entrevista en la Agencia Efe.
A pesar de su complejidad, la reforma del Código Penal es una actividad algo habitual en los diferentes gobiernos. Según Carlos J. Suárez González, catedrático de Derecho Penal, “desde la aprobación del vigente Código Penal en 1995 y hasta 2019 el texto ha sido objeto de 32 modificaciones. Descontando el ministerio de Alberto Belloch -promotor del constructo actual-, el cómputo arroja un saldo de 2,3 reformas por ministro, todo un hito que merece figurar en el libro Guiness de los récords de las reformas de un Código Penal”. 
Esto lleva a pensar que una reforma para endurecer las penas sobre abandono o maltrato animal sería factible, pero desde luego no compete a la Dirección General de los Derechos de los Animales.

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Registro único

Como publicamos en LADRIDOS, el departamento que dirige Sergio García anunció su intención de crear un nuevo registro de los perros que unifique de una vez por todas los 19 registros animales que existen en nuestro país y mostrará en el chip la trazabilidad completa de la vida del animal, “desde su nacimiento hasta su muerte, con todos sus registros de vacunas, cambios de propietarios o lugar de residencia”.
Hasta ahora el sistema de los chips animales, aunque necesario, presenta graves deficiencias como no estar interconectado entre las diferentes comunidades autónomas, o incluir muy pocos datos y muchas veces desactualizados como el nombre y la dirección del propietario, la fecha de nacimiento del perro y un teléfono de contacto.
Este es uno de los objetivos que se ha marcado como prioritario la DG después de comprobar que todos los sectores implicados coinciden en que es necesario hacer una reforma del sistema. “Desde la DG de Derechos de los Animales estamos trabajando con expertos, colectivos veterinarios, asociaciones caninas, cuerpos de seguridad del Estado y demás implicados en la necesidad de mejorar la gestión de la identificación de animales para crear un registro unificado, donde estén recopilados en tiempo real todos los animales inscritos en los 19 registros de nuestro país”, matiza Sergio García.El nuevo registro que se va a implantar en España, dentro del poco margen que tiene la Dirección de los Derechos de los Animales, ya que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, “no tiene por qué sustituir a los que ahora existen, sino que será como un sistema de ámbito estatal que servirá de paraguas de esos registros. El objetivo de la nueva Dirección General es que sea como un marco que luego se tendrá que desarrollar más, y muchas veces por las comunidades autónomas”.
No tardaron en reaccionar los integrantes del REIAC, una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace años para establecer una red informática nacional para la interconexión de las distintas bases de datos de animales de compañía existentes en las comunidades autónomas que pone sus datos a disposición de miles de profesionales pero que se torna totalmente insuficiente y carece de total operatividad cuando un perro se pierde en un territorio que no es donde está inscrito.
Invitaron a Sergio García a su sede en Sevilla y mantuvieron una reunión en julio, en la que el director general les dejó claro que “la identificación de animales es la base sobre la que se asentará nuestra ley de protección animal”. Los representantes del REIAC insistieron en que esa base ya está creada y que hay que trabajar sobre ella, no crear una nueva. Lo que llevó a García a declarar que “contar con el trabajo profesional de organismos como el REIAC aplana el camino hacia el objetivo de establecer una DNI animal que proteja a los animales de compañía”. Si el DNI perruno parecía una buena idea, ahora hay escepticismo sobre que sea operativo si se parte de algo que está obsoleto.

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Derogar Ley PPP

Otra expectativa que ha creado esta nueva ley de protección animal es que después de muchos años por fin se habla de mandar a la basura la Ley de las mal clasificadas razas de perros potencialmente peligrosos. De la euforia inicial de numerosos grupos que llevan años luchando porque esto ocurriese, se ha pasado a la indiferencia, incluso a la rabia, cuando han trascendido reuniones de Sergio García con colectivos como la RSCE que, aunque apuesta por derogar dicha Ley propone realizar una prueba de aptitud a los perros para acreditar que tienen buen comportamiento.
Lo que más ha encendido a los detractores de la ley es que la RSCE ha ofrecido al Gobierno la prueba que su sociedad tiene regulada, lo que se ve desde diferentes sectores como una intención clara de sacar rédito económico, ya que los propietarios tendrían que pagar para conseguir ese certificado de buena conducta.
Ademá, Sergio García ha anunciado que la futura ley establecerá una especie de sistema semáforo, en la que los perros se incluirán en la luz verde cuando nacen, a excepción de los ahora denominados PPP que se colocarán en la zona naranja y deberán demostrar su buen comportamiento para poder gozar de la libertad que disfrutarán los demás.
Unas medidas que no satisfacen y que si se incluyen finalmente en la normativa, levantarán las protestas de muchos sectores caninos.

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Esterilización obligatoria

Otro punto polémico en la ley que es difícil que aúne posturas es la esterilización obligatoria de los animales de compañía. Mientras que muchas protectoras o asociaciones animalistas han pedido a la Dirección General que la ponga en marcha, colectivos de perros de deporte, de trabajo, criadores o clubs de raza han puesto el grito en el cielo. García se ha reunido con ellos y les ha asegurado que desde el Ejecutivo se va a apoyar a los perros de raza y a los criadores éticos. ¿Esto qué significa? ¿Qué habrá castración obligatoria o no? 
Maite Bautista Garrastazu, abogada y presidenta de la Asociacion de Abogados Prodefensa de los Animales (PROTA), indica en el Blog de los derechos de los animales de abogacía española que  “Sería muy necesario que la nueva ley esté actualizada a nivel jurídico y me refiero a algunos avances a los que hemos asistido en los últimos meses; avances que podrían ser tomados como bases inspiradoras de la nueva regulación como la Ley de Protección de La Rioja del 2018, que fue la primera que decretó la obligatoriedad de la esterilización de los animales de compañía. Aunque fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad lo cierto es que ha quedado indemne la obligación de esterilizar a los animales de compañía a partir de la entrada en vigor de la nueva norma. El TC reconoce que es constitucionalmente legítimo y que esa idea de esterilizar para evitar la superpoblación y en último término el abandono, está en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por España”.

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