Los más de 18.000 perros de trabajo que hay en España necesitan un reconocimiento de nuestros dirigentes
Aunque no hay ningún censo de los perros que trabajan en nuestro país, se calcula que hay más de 18.000, según las cifras que barajan los profesionales del sector.
Los canes de las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales y Autonómicas); de las Fuerzas Armadas; de las unidades de búsqueda y rescate o de Protección Civil, tanto de organismos públicos como privados; de asistencia a personas con diversidad funcional, como los de la ONCE, los perros señal para personas sordas, los de fundaciones de ayudas a personas con movilidad reducida; de terapia en residencias de mayores, hospitales, centros de enseñanza; de ayuda en los tribunales de Justicia; los ecodetectores contra las especies invasoras o contra la mortandad por la acción de grandes infraestructuras, los que buscan cebos envenados con los agentes forestales; los socorristas; los de actividades asistidas con animales como los programas de ayuda a la lectura; los de vigilancia privada de seguridad en eventos, organismos, lugares públicos, puertos, o aeropuertos; los que buscan roturas de tuberías, los de ayuda como recogepelotas en campos de golf; los de higiene que detectan chinches en colchones; los que encuentran moho en paredes; los que trabajan en las avalanchas de nieve; los de alerta médica como en el caso de hipoglucemia o subidas de azúcar; los que detectan enfermedades como diferentes tipos de cáncer... y tantos otros, forman un conjunto de perros de trabajo que cada vez cuentan con más reconocimiento en la sociedad. Pero, por desgracia, nuestra clase política no está a la altura, tiene un gran desconocimiento de los animales y en lugar de dignificar estas labores de nuestros canes, las denigra en cierta manera.
El borrador de la futura ley de los animales prácticamente solo los contempla para enumerar una serie de prohibiciones y limitaciones al trabajo de estos perros, que ya ni se llamarán de trabajo y sobre los que los veterinarios, si sale adelante la legislación como está ahora redactada, tomarán el control porque serán ellos los que tendrán que certificar la aptitud de los perros para poder estar relacionados con actividades profesionales. ¿Qué pasaría si un médico tuviese que certificar, por ejemplo, la aptitud de un político para ser diputado? Seguro que más de uno de nuestros lectores estaría de acuerdo. Y no olvidemos a las empresas, públicas o privadas, que exigen la presencia de estos perros en los contratos y los “dignifican” con un plus de 60 euros al mes. La cultura canina es inexistente.
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