Lejos de ser protegidos, los perros confiscados por sufrir maltrato viven años de abandono
La reforma del Código Penal sobre maltrato animal solo prevé el decomiso provisional de los animales, que se ven atrapados en jaulas largos periodos de tiempo en centros hacinados muy lejos de la protección que se les busca. La ley no contempla su adopción al ser decomisados y permanecen durante los años que duran los procesos judiciales en albergues saturados en los que evolucionan a peor.
Por Francisca GUTIÉRREZ, Comisión de Derecho Animal, del Colegio Abogados de Santa Cruz de Tenerife (extracto de su publicación en abogacia.es)
Las principales consecuencias de haber incorporado a la ley el decomiso definitivo recaen, precisamente, sobre quienes deberían ser protegidos por el sistema: los propios animales, condenados a una reclusión indefinida en centros de recogida, públicos o privados, que asumen su custodia sin apoyo suficiente. En muchas ocasiones los decomisos son masivos y no es raro superar los cuarenta animales decomisados de una vez en fincas o por síndromes de Noé. Tanto las asociaciones de protección como los albergues municipales o perreras se ven obligados a soportar el impacto económico, logístico y emocional de una situación que podría haberse evitado de forma sencilla con una regulación más coherente con el bien jurídico a proteger: la integridad física y psíquica de los animales.
Una medida necesaria y habitual para la propia protección del animal en los procedimientos penales por maltrato animal es solicitar el decomiso cautelar de los animales que permanecen en poder de la persona denunciada. Esta petición resulta especialmente necesaria cuando los animales se encuentran atados, sin condiciones higiénicas mínimas, en estado deplorable, desnutridos, deshidratados, sin tratamiento veterinario y sometidos a maltrato continuado por parte de sus poseedores
Sin adopción
Una vez acordado el decomiso cautelar policial o judicial, los animales son entregados provisionalmente a asociaciones de protección animal, a albergues municipales o, en ocasiones, a perreras. Desde ese momento, quedan bajo custodia de estas entidades, en calidad de depósito, hasta que se dicte una resolución definitiva en el procedimiento penal correspondiente.
En muchos casos, los que ejercemos la abogacía intentamos obtener una cesión voluntaria por parte de la persona investigada, a fin de facilitar una salida digna a los animales como su adopción por parte de una familia que garantice su bienestar y su recuperación. Sin embargo, esta cesión no suele ser aceptada en la mayoría de los casos, lo que da lugar a una situación de bloqueo procesal con graves consecuencias.
Condiciones peores
A partir de ahí, comienza un largo y costoso periplo sobre todo para los propios animales, las víctimas. Estos permanecen encerrados durante meses, en la mayoría de los casos años, en jaulas, en condiciones que colisionan frontalmente con el espíritu de protección de la legislación vigente. Una vida de reclusión que podría haberse evitado si la ley contemplase mecanismos eficaces para autorizar su adopción definitiva desde una fase temprana del procedimiento.
No es infrecuente encontrar procedimientos penales por maltrato animal que se prolongan durante cuatro años o más. Si consideramos que la esperanza de vida de un perro oscila entre diez y catorce años, este tiempo equivale a pasar encerrado la mitad de su vida, tras haber sufrido ya episodios de maltrato. Una situación que, desde cualquier perspectiva jurídica o ética, resulta profundamente ilógica y contraria al interés superior del animal.
Los animales, necesitan vivir en núcleos familiares donde puedan integrarse y recibir el cuidado y atenciones que necesitan, permaneciendo el menor tiempo posible en el albergue, por lo que se solicita la total disposición sobre ellos para poder darlos en adopción y que no estén condenados a permanecer en jaulones en las protectoras y centros de recogida por un tiempo que en ocasiones son años.
Desprotección animal
Denegar esta petición va en contra de la propia naturaleza del decomiso, que tiene como fin primordial la protección del animal y la salvaguarda de su integridad física y psíquica. El decomiso no debe entenderse únicamente como una sanción al presunto maltratador, sino como una medida destinada a asegurar el bienestar del animal, garantizando que se tomen las acciones necesarias para su rehabilitación y cuidado. Negar esta medida contraviene los principios fundamentales de protección animal, comprometiendo su salud y bienestar, lo cual resulta incompatible con el espíritu y finalidad de la legislación vigente en materia de defensa de los animales y sus derechos, ya que los perros estarían mejor en núcleos familiares definitivos.
Rigidez judicial
La práctica judicial revela una discrepancia entre los principios proclamados por el legislador y la realidad procesal en el día a día en los juzgados donde la mayoría de los animales decomisados son condenados a pasar años encerrados en refugios saturados, sin posibilidad de ser adoptados, debido a la inacción o rigidez de los órganos judiciales. Esta situación pone en evidencia el fracaso de la última reforma penal en lo que respecta a la protección real y efectiva de los animales. A pesar de haberse reconocido su condición de sujetos dignos de tutela penal, en la práctica, el sistema los sigue tratando como “efectos” o bienes embargados, sujetos a una resolución judicial que puede tardar años en llegar. Algo que se podía haber evitado si en la última reforma del Código Penal se hubiesen tenido en cuenta los pedimentos del colectivo de abogados especializados en derecho animal. El decomiso definitivo evitaría una condena anticipada e injusta. [Leer más...]
Los datos
2.346 delitos investigados por el SEPRONA
1.377 por maltrato animal
256 condenas de 1.389 diligencias incoadas según la Fiscalía
(Páginas 38 y 39)
Los perros decomisados salen de un maltrato y entran en otro
Nuestras leyes deben proteger a los animales
Fatiga por compasión, el enemigo invisible que sobrevuela al mundo animal, a los abogados también
